Foto: Mina de El Cerrejón

¿Quiénes ganan con el cierre de la minería del carbón?

Mientras el gobierno de Mariano Rajoy condena al cierre la minería del carbón en Asturias, Goldman Sachs, una de los principales responsables de la crisis de Wall Street y beneficiaria de los rescates de Bush y de Obama, comenzó a acumular -autorizada por el gobierno del entonces presidente Álvarez Cascos- hasta seiscientas mil toneladas de carbón en el puerto de El Musel en Xixón.

De ese carbón de alto contenido calórico y bajo en azufre y cenizas, ya están en El Musel cerca de 200 mil toneladas, extraídas en la mina de El Cerrejón, en Colombia, donde se sobre-explota a los mineros, varios de cuyos dirigentes sindicales han sido asesinados. La mina además genera un impacto ambiental enorme que destruye el territorio y la cultura del pueblo indígena Wayúu.

De quién es el “carbón colombiano”

El carbón de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande del mundo- es de empresas como La Jagua, propiedad de Xstrata, subsidiaria de la Suiza Glencore, junto a un consorcio de multinacionales en el que están Anglo American, de Sudáfrica y BHP Billiton, de Australia. Por su lado la estadounidense Drummond explota otra parte de la mina en sociedad desde el 2011 con la japonesa Itochu, del grupo Mazda-Sumitomo Bank.

Glencore-Xtrata -que está relacionada con Goldamn Sachs- entró a El Cerrejón tras la privatización de la estatal colombiana Carbocol, que daba poca rentabilidad debido a que su socio al 50%, la Exxon, sobrefacturaba las inversiones y subfacturaba las ventas. Colombia invirtió en realidad el 75% endeudándose con el Chemical Bank (propiedad del Chase, banco de los Rockefeller y de la Exxon) y recibía a cambio sólo el 25%.

Así, Colombia ponía gran parte de los gastos, la mano de obra barata, entregaba el territorio indígena, pagaba los intereses de la deuda y daba su carbón a los que le sisaban en las ventas. De esa manera la Exxon ejecutó una de los más grandes robos al pueblo y al estado colombiano. Pero no es la única. Como suele pasar con las multinacionales, una cosa es la realidad en la que operan y otra sus cuidadas declaraciones públicas.

Cerrejón es una de las empresas que suscribió el Pacto Mundial de la ONU, reconociendo que tiene una responsabilidad social, ratificando el respeto de los derechos humanos, laborales, medioambientales, y su compromiso en la lucha contra la corrupción, pero “no con proclamas ideológicas sino con buenos ejercicios en la actividad de cada una de las empresas comprometidas”[1], como afirmó su presidente. En la realidad es al revés.

Impacto social y ambiental

La mina de El Cerrejón abarca territorio del pueblo indígena Wayúu, quien denunció a la empresa por ser “un mal vecino” ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en el 2008:

“Desde que comenzó la explotación las comunidades hemos perdido miles de hectáreas hasta el punto que ya los Wayúu no tenemos acceso al río desde Albania, porque las tierras aledañas las ha privatizado el Cerrejón; El resguardo de provincial está a menos de 500 metros de la mina, comiendo polvillo de carbón, y durmiendo con las vibraciones del botadero de desperdicio y de las detonaciones; el resguardo de San Francisco lo atraviesa la vía férrea y una carretera de acceso en la mitad del resguardo. ”

La comunidad indígena de Media Luna, en Puerto Bolívar, donde se embarca el carbón que llega a El Musel, lamentó en ese mismo Tribunal su situación:

“Nos lamentamos de no hablar español por que cuando llegó la empresa nos dijeron bonitas palabras, y hoy el desastre es total, no se puede pescar, ni pastorear, ya no hay animales Da mucha rabia recoger a muchos de nuestros hijos muertos por el tren o en accidentes en la vía férrea, ya vale más un chivo que un Wayúu. Nos dicen que fue por nuestro descuido, por no leer las señales y sus advertencias. Pero ¿Y qué vamos a leer? No entendemos mucho español, ¿cómo vamos a entender inglés?”.

Además las comunidades rivereñas y el pueblo wayúu están preocupadas por el impacto ambiental y el desplazamiento humano del proyecto de ampliación de la mina, que contempla mover 26 kilómetros el cauce río Ranchería, para extraer el carbón que hay en su lecho. El Ranchería es la principal fuente de agua para los pueblos que habitan La Guajira y su desierto. El próximo 1º de agosto habrá movilizaciones contra el desvío del río y contra las multinacionales.

Capítulo aparte merece la violación de derechos laborales, la persecución sindical y graves violaciones de los derechos humanos de los mineros de El Cerrejón.

Las multinacionales de El Cerrejón suelen violar los derechos laborales y sindicales, precarizan la relación laboral a través de un enjambre de empresas contratistas y sub contratistas. Sobre una de ellas denuncia SINTRACARBÓN en un comunicado de julio del 2009:

“SINTRACARBON condena y rechaza las políticas de coerción, hostigamiento y persecución a las que están sometidos estos trabajadores por parte de esta empresa tercerizadora, chupasangre y negrera SOTRANS, a la que declaramos enemigo de la clase trabajadora”.

Se trata de empresas que no pagan horas extras, sus salarios son miserables, no dan transporte, vacaciones, ni permiso remunerado para citas médicas, descuentan también del sueldo del trabajador los días de permisos por calamidades familiares, además los obreros tienen que pagar en tiempo de trabajo el tiempo de sus bajas por enfermedades propias de la explotación minera; laboran turnos de trabajo de 14 X 7; 12 X 6, “convirtiendo las jornadas y sitios de trabajo en campos de concentración para esclavos”, según denuncia la Central Unitaria de Trabajadores, CUT de Colombia Seccional Guajira.

Las empresas, además, tienen estrategias para que no se reconozca como enfermedad profesional la silicoantracosis y los problemas artromusculares, que afectan a unos 800 mineros expuestos al polvo de tierra, rocas y carbón, así como por los grandes esfuerzos físicos.

Aunque las empresas lo nieguen, en El Cerrejón hubo y hay persecución sindical

Hace tres años fueron despedidos 35 trabajadores a los dos días de haber presentado el pliego de peticiones y como retaliación por haber creado el sindicato SINTRANS, y por intentar sindicalizar a los obreros tercerizados y temporales. Sólo hace tres meses la lucha de SINTRACARBÓN consiguió que una convención colectiva de trabajo amparara a una parte de los obreros tercerizados.

Las multinacionales del carbón en Colombia se benefician directamente de los bajos costos laborales producto de la tercerización laboral y de la atroz persecución sindical, de las amenazas de muerte y de los asesinatos de los sindicalistas, para intimidar a los obreros que quieren ejercer sus derechos.

Varios dirigentes de los sindicatos de El Cerrejón, SINTRACARBON y SINTRAMIENERGETICA, filiales de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, han sido asesinados en medio de conflictos laborales y sin medidas de protección para sus vidas, a pesar de haber denunciado ante el Ministerio del Interior colombiano –Acta del 19 de diciembre/2000- que venían siendo víctimas de graves amenazas de muerte por su actividad sindical:

· El 18 de febrero del 2001 fue sacado de su casa y asesinado delante de sus familiares por un grupo paramilitar, el dirigente sindical de los obreros de El Cerrejón, afiliado a SINTRAMIENERGETICA-CUT, CANDIDO MÉNDEZ.

· Los dirigentes sindicales de los obreros de El Cerrejón, VALMORE LOCARNO RODRIGUEZ y VICTOR HUGO ORCASITA AMAYA, fueron bajados del autobús de la empresa delante de 20 mineros y asesinados por un grupo paramilitar el 12 de marzo del 2001. Eran presidente y vicepresidente de SINTRAMIENERGETICA-CUT. En este doble crimen han sido involucrados por los autores materiales, personas como el funcionario de seguridad de la mina, Coronel retirado del ejército colombiano Luis Carlos Rodríguez; Alfredo Araújo, Gerente de Relaciones de la DRUMMOND, Jaime Blanco Maya, concesionario de alimentos de la empresa, y el ciudadano norteamericano James L. Adkins, jefe de seguridad de la empresa y viejo agente de la CIA. Los testigos afirman que estos sujetos pagaron en dólares el crimen de los sindicalistas cometido por paramilitares al mando de Oscar Ospino, alias “Tolemaida” y Rodrigo Tovar Pupo, Alias “Jorge 40”. Los jefes narco-paramilitares extraditados a los EUA denunciaron que las empresas del carbón continuaron haciendo pagos a estos grupos terroristas.

· Poco después, el 6 de octubre del 2001, fue asesinado otro dirigente sindical, GUSTAVO SOLER MORA, quien reemplazó en la nueva junta directiva al asesinado VALMORE LOCARNO. Gustavo se atrevió a reemplazar al asesinado presidente del sindicato y a denunciar una alianza entre las compañías carboneras y los asesinos de sus compañeros.

· El 22 de marzo del 2008 fue brutalmente torturado y asesinado en su residencia en la ciudad de Riohacha –Guajira, el dirigente sindical de El Cerrejón, ADOLFO GONZALEZ MONTES. A raíz de este asesinato la Junta Directiva Nacional de SINTRACARBON denunció públicamente que las amenazas de muerte contra los dirigentes sindicales “coincidencialmente” se arrecian en épocas anteriores a las negociaciones colectivas de trabajo, por lo que el sindicato le exigió al consorcio multinacional “la aplicación y el respeto por los derechos humanos”.

La persecución sindical en el enjambre de empresas que trabaja para el consorcio de las multinacionales en El cerrejón, queda patente con este testimonio que dio –hace menos de dos meses- ante la VIII Delegación Asturiana de verificación del estado de los derechos humanos en Colombia, un dirigente sindical de SINTRAIME-CUT, trabajador del tren que transporta el carbón de El Cerrejón:

“La empresa FENOCO no respeta derechos sindicales, hace 4 años despidió a toda la junta directiva del sindicato como represalia por organizarse y luego dividió a los obreros creando un sindicato de bolsillo, nos tocó hacerle una huelga de 27 días en el 2009, entonces nos reprimió el ESMAD; nos explotan como trabajadores y no dejan nada en la región, no hay ni un paso a nivel, ni una barrera de protección en muchos kilómetros que recorre el tren con carbón pasando por poblados, agrietando las casas, hiriendo y matando gente, la empresa nunca responde, nunca indemniza. Varios obreros de la Drummond han sido asesinados, vivimos sobre una riqueza y sumidos en la pobreza”

Por su parte los pobladores de Orihueca, pueblo partido en dos por la vía férrea de 150 kilómetros, denunciaron ante la octava Delegación Asturiana, en mayo de este año, que el tren cargado de carbón les destroza las viviendas y causa graves accidentes pues no hay pasos a nivel.

“En medio de la riqueza somos muy pobres, no hay acueducto para la gente pero si grandes canales de riego para los enormes cultivos de palma y banano, ¿dónde está la inversión social de las carboneras? FENOCO tiene un tren que ha matado a unas cien personas, pasan a mucha velocidad y nos hay ni barreras de protección. Las barreras sólo las ponen en Santa Martha por los turistas, nada más. Nos repartieron una “Cartilla de Convivencia con el ferrocarril” que es una lista de advertencias si nos metemos con el tren. En el centro de salud no hay ni una bombona de oxígeno, hay tal contaminación que los habitantes de la zona bananera no somos admitidos como donantes de sangre. Ni el banano ni el carbón han mejorado nuestra vida, no hay ni un hospital que funcione, compramos hasta las jeringuillas para el centro de salud, la DRUMMOND no ayuda, sólo nos saquea, sus trenes cargados de carbón van sin carpa regando de polvillo nuestras casas, más de cinco mil niños pasan varias veces al día las líneas del tren sin protección alguna, no hay alcantarillado, y a quien reclama lo persiguen, lo tildan a uno de “terrorista”, un día de estos nos vamos a rebelar y no les dejaremos pasar ni el agua”

Así es como ganan las multinacionales que explotan minas de carbón que debían ser del estado, tanto en Colombia como en España, para que evitar el saqueo y la irresponsabilidad de empresas como la Exxon, o el consocio de El Cerrejón, o empresarios captadores de subsidios, como Victorino Alonso.

Sigue ganando Goldman Sachs, tres de cuyos hombres imponen los recortes sociales en España, pues controlan la presidencia del Banco Central Europeo (Mario Draghi, alto directivo de Goldman), la división del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Europa y la Agencia griega de Deuda Pública.
El gobierno español empuja el cierre la minería del carbón y Asturias que está parada sobre él, ve cómo su carbón es reemplazado por mineral importado de Colombia, para beneficio de especuladores como Goldman Sachs y el Chase, beneficiarios junto con Glencore-Xtrata-BHP –Billinton y Drummond, del saqueo de las riquezas colombianas, del exterminio de un pueblo indígena y del asesinato de sus sindicalistas.

A Asturias le toca su parte en el desastre: la ruina, el desempleo, la despoblación de las comarcas mineras. Cuando Hidrocantábrico compre para generar energía eléctrica el carbón acumulado en El Musel, la Goldman Sachs se habrá ganado más de 25 millones de dólares. No es difícil prever quiénes pagarán ese sobrecoste vía tarifas.